Escándalos de corrupción mas costosos de Colombia

Conoces los limites de la Corrupción colombiana? desde entidades como Agro Ingreso Seguro hasta la mina Cerrajón.

5. Agro ingreso Seguro

Agro Ingreso Seguro (AIS), uno de los programas bandera del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, es "el caso de corrupción más grave en la historia del agro colombiano". Ante el juzgado 33 penal con funciones de control de garantías, el fiscal Moreno señaló que AIS no cumplió con el objetivo de apoyar a los pequeños productores agrícolas y que los requisitos exigidos solo los podían llenar los grandes agricultores, el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias conocido como Uribito, condenado a 17 años de prisión por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y peculado por apropiación en favor de terceros, en el marco del proceso que cursa en su contra por las irregularidades que se detectaron en la asignación de recursos públicos del programa Agro Ingreso Seguro. Ex funcionarios del Ministerio de Agricultura vinculados al escándalo por la entrega irregular de subsidios por $288.837 millones de pesos, que, como lo denunció en su momento la revista Cambio, beneficiaron a empresarios y a reconocidas familias. La Fiscalía General de la Nación, aseguró que los contratos celebrados entre 2007 y 2009 por un monto total de $288 mil millones, entre el Ministerio de Agricultura y el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, fueron sólo una fachada pues los recursos públicos que se debían destinar a la asistencia técnica y científica, fueron asignados sin contar con licitaciones abiertas, estudios previos y términos de referencia, e incluyendo cláusulas exorbitantes.

De acuerdo con la investigación, la celebración de los contratos benefició directamente al ex ministro quien aprovechó el programa Agro Ingreso Seguro como plataforma política para su aspiración presidencial. Por otra parte, confirma que tanto el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola como particulares apropiaron de forma ilícita no menos de $43.608.131.299 del programa, a través del fraccionamiento de predios o de la aceptación de auxilios cuando no se cumplían los requisitos.

4. SaludCoop

El 11 de mayo de 2011, mediante la resolución 0801 de la Superintendencia Nacional de Salud, se ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes y haberes de la EPS Saludcoop. Todo empieza a partir del seguimiento de la Contraloría General de la Nación, por el uso indebido de los recursos públicos para la construcción de clínicas y hospitales mediante la desviación de 1.05 billones de pesos entre el periodo de 1998-2010. Otra de las razones que desató la polémica del caso fue el pago irregular de bonificaciones a los directivos por 6.000 millones de pesos, de los cuales 3.541 millones fueron al bolsillo del presidente Carlos Palacino en el periodo del 2002-2010.

Las 378 páginas del fallo de la Contraloría permiten reconstruir todas las figuras y movidas de Palacino y su círculo cercano –conformado por María Carolina Lamus, Alberto Castro Cantillo, Javier Mauricio Sabogal, Luis Albeiro Medina, Jaime Chávez y Claudia López Ochoa– crearon o usaron para “apropiarse de manera dolosa y gravemente culposa” de los recursos públicos, y que finalmente, según la Contraloría, contaron con la aprobación u omisión de directivos de la empresa como René Cavanzo, Eugenio Mejía, Gabriel Franco, Ana María Piñeros, José Enrique Corrales, José Tobías Correa, Rubi Hernández y Carlos Antonio Paz.

la Contraloría determinó que en 1998 iniciaron los desvíos de los parafiscales, el problema, como lo indica la entidad de control, es que esto no lo hizo con recursos propios o de sus accionistas, sino dejando, primero, de pagar oportunamente los servicios de salud que le habían facturados los proveedores y, después, apropiándose de una parte de la plata de la salud que entraba a sus arcas y que era registrada como utilidad. Entre 1998 y 2010, Saludcoop, según el fallo, habría desviado 1,05 billones de pesos para construir, ampliar y dotar sus clínicas y hospitales.

terminó en 2011 cuando el gobierno decidió intervenir Saludcoop por desviar recursos de la salud. tras dos años de investigaciones, la Contraloría sancionó a Carlos Palacino creador y fundador de la empresa y otros 14 directivos a devolver los 1,4 billones de pesos que habrían desviado de la salud entre 2002 y 2010.

3. Carrusel de la contratación

El escándalo del Carrusel de la contratación, es un caso de corrupción política desarrollado en la ciudad de Bogotá y que se da durante la administración del ex alcalde Samuel Moreno Rojas en el 2010. La polémica estalló el 25 de junio de dicho año cuando salieron a la luz pruebas que evidenciaban la negociación de multimillonarias comisiones por parte de Germán Olano, ex congresista de la República, al empresario Miguel Nule Velilla, cuya empresa, que llevaba su apellido, manejaba gran parte de los contratos de distintas obras públicas que se desarrollaban en la capital colombiana.​ La principal obra que se vio directamente afectada por dichas negociaciones irregulares fue la construcción de la tercera fase del sistema de transporte público TransMilenio, la cual presentó más de tres años de retraso.

El setenta por ciento de la construcción de la tercera fase del sistema TransMilenio se adjudicó al Grupo Nule, un conglomerado de empresas encabezado por Guido Nule Marino y sus primos Manuel y Miguel Nule Velilla. Sin embargo, a finales de 2009 dicho grupo presentó graves problemas financieros, algunos de ellos originados por malos manejos administrativos. Como resultado, la primera evidencia de dichas dificultades se vio reflejada en el retraso de las obras que estaban a cargo del ya nombrado grupo En el tiempo inmediatamente posterior, distintas instituciones jurisdiccionales iniciaron investigaciones que se acrecentaron a tal punto que varios políticos, empresarios, dirigentes del Instituto de Desarrollo Urbano2​ y hasta el mismo Alcalde de la ciudad se vieron involucrados. El Estado llegó a presentar un detrimento patrimonial cercano a 2,2 billones de pesos colombianos.

2. Reficar

El escándalo de Reficar de 2016 es un caso de corrupción en la ciudad de Cartagena que se empieza a gestar en 2007 durante la construcción de la Refinería de Cartagena. La polémica estalló en enero de 2016 luego de la publicación de un reporte de la Contraloría General de la República de Colombia, el cual detalla la extensión del detrimento.

Según el reporte, las perdidas por corrupción ascenderían a más de $4.000 millones de dólares, convirtiéndolo en en uno de los peores escándalo de corrupción reportado en la historia de Colombia, por encima de otros como el Carrusel de la Contratación y Agro Ingreso Seguro. Se estima que en este escándalo están involucrados funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, así como la constructora suiza Glencore y la estadounidense CB&I (Chicago Bridge & Iron Company).En 2007, el proyecto Reficar fue entregado a Glencore, a pesar de que la empresa nunca había construido una refinería.5​ Glencore fracasaría en la construcción de la refinería en 2009, y el gobierno nacional decide recibir el proyecto y asignarlo a la estdounidense CB&I.5​ Aunque el objetivo de involucrar a CB&I era recuperar recursos y tiempo perdido por Glencore, se descubrieron millonarios sobrecostos injustificados por parte de CB&I.

Así mismo, existía un carrusel de proveedores privados, incluidos nueve proveedores recomendados por CB&I. Estos proveedores privados recibieron adiciones presupuestales injustificadas de más del 69% de los valores iniciales contratados, resultando en detrimento patrimonial de más de $820.000 millones de pesos. Por si misma, la porción del escándalo asociada a los proveedores privados se acerca al valor del detrimento monumental del Carrusel de la Contratación de aproximadamente $2.2 billón de pesos.

CB&I parte sin rendir cuentas ante la Contraloría General de la República. La consolidación de una feria de contratos para el registro de los incrementos superiores en materia de alquiler de andamios y contrataciones.

Esto genera un desfalco de mas de 8.5 billones de pesos colombianos.

1. Carbocol

Colombia vendió el martes su productora estatal de carbón, Carbocol, por 384 millones de dólares a un consorcio compuesto por tres compañías extranjeras, El grupo minero británico Billiton Plc, Anglo American Plc y el suizo Glencore International AG. La venta de Carbocol representa la primera de las privatizaciones que logra el gobierno del presidente Andrés Pastrana bajo un acuerdo firmado en diciembre de 1999 con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El acuerdo está atado a un crédito por 2.700 millones de dólares, en noviembre del año 2000 se vendió la participación de Colombia el 50% en la explotación de la mina del Cerrejón por $383 millones de dólares. El avalúo, según la metodología adoptada por la banca de inversión que hizo el cálculo, debería dar la suma de US$540 millones, pero con un cambio en las variables de la fecha (8 de noviembre de 1999) presentaron la suma de US$435 millones (básicamente en el avalúo se debe incluir un descuento por 'riesgo político' cuya metodología de cálculo está estandarizada; la usada por los avaluadores no coincide con la certificada por el Banco de la República).

El contrato de venta incluía una cláusula según la cual el otro socio en el 50%, Intercor, la filial de la Exxon, sólo podía vender por un mínimo de $702 millones de dólares, una diferencia de $319 millones de dólares. intercol al transcurrir aproximadamente año y medio después de la venta Colombia, vende su parte al mismo comprado pero por $1.117 millones de dólares y después, en 2006 en venta que hizo uno de los compradores, Glencore el precio fue de US$1.700 millones de dólares por el 33%, o sea el equivalente a US$2.575 millones de dólares por la parte que vendió Colombia (aunque en esta nueva venta ya no se incluía el control mayoritario.

Después se justifica el motivo por el alza del carbón, pero esta se produjo después de que Intercor vendiera por el triple de lo recibido por Colombia, el comité que evaluaba esa capacidad le dio su aprobación en una fecha anterior a la de un informe donde la firma contratada para verificar la legalidad de los procedimientos menciona que todavía no tenía la calificación de dos de ellas. La empresa privada que había consignado los derechos de participación, antes de que se abriera la inscripción, y siendo la única que cumplió ese requisito, 'cedió' a una de las oferentes ese derecho: la posibilidad de dicho tipo de 'cesión' no estaba contemplada en las leyes del proceso de venta, cabe aclarar dos cosas:

1. el pacto entre la tres empresas oferentes para hacer conjuntamente una sola oferta.

2. los documentos presentados el día de la 'subasta' aparecen con radicación anterior a su emisión y firmados por quien no estaba ejerciendo la función de notaria ese día.

Como todo esto sucedió dentro del modelo de 'privatización' y en la administración de Andrés Pastrana, queda la duda de ¿Es el peor negocio de Colombia? ¿Fue haber adoptado el modelo neoliberal? ¿O fue haber tenido ese gobierno? En todo caso, es el desfalco mas grande y a largo plazo que ocupa el numero de 1 en este top ya que la mina tiene previsto una explotación hasta el año 2033 con una cantidad de 27 millones de toneladas al año y se espera llegar hasta 32 millones de toneladas.